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Acuerdo Nacional

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Vigésimo Octava Política de Estado

Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y Acceso a la Justicia e Independencia Judicial

Nos comprometemos a garantizar el acceso universal a la justicia, la promoción de la justicia de paz y la autonomía, independencia y el presupuesto del Poder Judicial así como regular la complementariedad entre éste y la justicia comunal. Asimismo, nos comprometemos a adoptar políticas que garanticen el goce y la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre la materia. Con este objetivo el Estado:

(a) Promoverá la institucionalización de un Sistema de Administración de Justicia, respetando la independencia, la autonomía y el presupuesto del Poder Judicial, el Ministerio Público, el

Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, dentro de un proceso de modernización y descentralización del Estado al servicio del ciudadano;

(b) Promoverá la designación transparente de las autoridades judiciales, así como su valorización y permanente capacitación;

(c) Promoverá entre la justicia comunal y el Poder Judicial una relación que respete la interculturalidad y regulará las competencias, atribuciones y limitaciones de aquélla;

d) Consolidará la regulación de la justicia de paz y la elección popular de los jueces de paz;

(e) Difundirá la conciliación, la mediación, el arbitraje y en general los mecanismos alternativos de resolución de conflictos;

(f) Adoptará medidas legales y administrativas para garantizar la vigencia y difusión de la Constitución, afianzará el respeto irrestricto de los derechos humanos y asegurará la sanción a los responsables de su violación;

(g) Establecerá mecanismos de vigilancia al correcto funcionamiento de la administración de justicia, al respeto de los derechos humanos, así como para la erradicación de la corrupción judicial en coordinación con la sociedad civil;

(h) Garantizará la cobertura nacional y el mejor funcionamiento de la Defensoría del Pueblo; e (i) Fortalecerá las instancias de control interno de los órganos jurisdiccionales.

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